Las comunicaciones telefónicas terminaron por complicar al secretario general de la Unión Ferroviara, José Pedraza, con el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, el 20 de octubre, cuando su agrupación fue atacada por una patota de empleados del gremio y patovicas.
Así lo entendió la fiscal Cristina Caamaño, a cargo de la investigación del crimen, que pidió a la jueza Wilma López que lo citara a prestar declaración como sospechoso en relación con el homicidio. Lo mismo reclamó para el segundo de Pedraza en el sindicato, Juan Carlos "el Gallego" Fernández.
La magistrada, que anteayer procesó a los siete detenidos por el caso, incluido el delegado gremial Pablo Díaz, aún no se pronunció sobre la solicitud, que descansa en uno de los últimos cuerpos del expediente judicial, que ya acumula 4000 hojas.
Ferreyra fue asesinado de un balazo en Barracas cuando el grupo que integraba se enfrentó con un centenar de empleados alineados con la Unión Ferroviaria, que intentaban impedir que los tercerizados bloquearan las vías de la línea Roca. Quedaron detenidos y procesados con prisión preventiva, como coautores del delito de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y coacción, Cristian Favale, Pablo Díaz, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Francisco Salvador Pipito, Jorge Daniel González y Guillermo Fernando Uño.
Pedraza había declarado pocos días después del crimen, pero lo hizo como testigo. Allí dijo, bajo juramento, que no podía identificar al autor o a los autores del hecho, pero admitió que en todo momento se mantuvo informado de lo que ocurría cuando silbaban las balas y los cascotazos en Barracas, por medio de comunicaciones que mantenía con su segundo, "el Gallego" Fernández.
En la causa, además, hay constancias de que Fernández habló varias veces con el delegado gremial del Ferrocarril Roca, Pablo Díaz. Eso fue reconocido por el propio detenido, cuando sostuvo que se comunicó varias veces con "el Gallego" Fernández porque era su jefe y porque quería ver "cuál era el estado de situación", según consta en su declaración indagatoria ante la jueza López.
La fiscal, ya en la imputación que les hizo a los detenidos y por la que fueron indagados describió lo que eran, según su parecer: "Una organización formada con el propósito de impedirle al grupo de manifestantes que cortasen las vías del ferrocarril ex línea General Roca utilizando para ello violencia física sobre personas, efectos contundentes y armas de fuego".
Pero cuando describió el rol del gremio fue más explícita. Señaló que los detenidos habían sido "convocados por la Unión Ferroviaria, lo que se habría decidido con anterioridad consintiendo y aceptando la finalidad y los medios empleados por sus compañeros". Este párrafo complica sobremanera a la jerarquía del sindicato, pues alude a que el sindicato formalmente fue el convocante de la contramarcha que acabó con la vida de Ferreyra y donde fueron heridos Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre.
Los testigos que declararon en la causa complicaron aún más a "el Gallego" Fernández. Describieron que apenas producidos los disparos, con Favale tirando con su revólver 38 special, inclinado hacia adelante y Sánchez tirando parapetado desde detrás de un automóvil, sonó el celular de Pablo Díaz.
El delegado les anunció entonces a quienes estaban a su lado que lo había llamado Fernández, que le indicaba que debían retirarse de inmediato. Por eso le entregaron las armas a Pérez para escapar.
Ese Fernández que menciona el testigo citado por la jueza es la misma persona que mantenía a Pedraza informado sobre lo que ocurría en Barracas, según reconoció el propio líder sindical.
Incluso, una fuente con acceso al caso deslizó anoche que habría una llamada entre el propio Pedraza y uno de los detenidos, pero la especie no pudo ser corroborada con el expediente.
Las comunicaciones que mantuvieron los sospechosos, analizadas por los expertos de la SIDE y de la Policía Federal, son reveladoras. En el expediente se describen los contactos de Cristian Favale y de Gabriel Sánchez con Díaz, a través de otros celulares de personas conocidas por ambos, lo que llevó a la magistrada a describir "el dominio de la escena de Pablo Díaz y de todos sus integrantes, en todo momento, antes, durante y después de los disparos verificados".
Párrafo aparte merecen las llamadas que efectuó Favale, después de los disparos, entre las 15.22 y las 22.39. El barrabrava de Defensa y Justicia y aspirante a ferroviario se comunicó 17 veces con un aparato Nextel que está a nombre de Joaquín Acuña, que era el presidente del directorio de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), la empresa que maneja la línea. Fuentes de la Ugofe dijeron a La Nacion que la empresa había adquirido cerca de 200 teléfonos y que se los proporcionó a gendarmes y policías federales que brindaban seguridad en los trenes, y que éste era uno de esos aparatos. De todos modos, ese punto está aún bajo investigación para saber qué pretendía Favale con esas llamadas, igualmente importantes, cualquiera fuera su destinatario.
ComplicacionesLa situación de Pedraza puede complicarse, de acuerdo con el análisis que hizo la jueza para explicar por qué consideraba a todos los detenidos como coautores del delito de homicidio calificado.
La magistrada entendió que Díaz tuvo el rol preponderante en el terreno donde se produjo el enfrentamiento, lo llama incluso "engranaje central" de la organización, como si fuera sólo un elemento de transmisión de órdenes impartidas por otros. Habló la jueza de la existencia de un acuerdo previo, pues todos los que intervinieron fueron convocados con antelación para impedir el corte "con asentimiento de las consecuencias", lo que implicó disparar dos armas de fuego.
Es sugestiva la cita que eligió la jueza para explicar por qué consideró a todos coautores del crimen.
Al referir a Alex van Weezel, en su libro El funcionalismo del derecho penal, el profesor señala que el coautor es aquel cuyo aporte durante la ejecución del hecho es indispensable para la realización del resultado perseguido. "No es necesario que el coautor se halle presente en el lugar de los hechos, basta con una simple función como «central de comandos»." Se trata de un textual que, a la luz del pedido de la fiscal Caamaño, cobra hoy un nuevo significado.
Los indicios- Testimonial: el propio Pedraza reconoció haber hablado con su segundo, Juan Carlos Fernández, para informarse sobre la pelea entre las facciones de la Unión Ferroviaria y los trabajadores tercerizados.
- Reconocimiento: Pablo Díaz, el detenido delegado del gremio que estaba en la refriega, dijo que le informaba a Fernández lo que iba sucediendo.
- La imputación: para la fiscal, el grupo atacante fue convocado por la Unión Ferroviaria y tenía la intención de impedir el corte de vías -decidido con anterioridad-, consintiendo el uso de armas.
- Formación: hijo de una familia proletaria, su padre fue obrero ferroviario. Adhirió en su juventud al marxismo, para luego recalar en el peronismo y ser parte de la renovación liderada por Antonio Cafiero. Desde 1985 está al frente de la Unión Ferroviaria e integra el sector de "los Gordos" en la CGT.
- Negocios: con el menemismo logró que el gremio tuviera la concesión de la empresa Belgrano Cargas, que administra su esposa, la contadora Graciela Coria.
- Causas: se lo investiga por un supuesto fraude con sepelios y ahora por el asesinato de Ferreyra.
